Las nuevas normas de diligencia debida obligarán a las empresas a mitigar su impacto negativo sobre las personas y el medio ambiente. Los Estados miembros dispondrán de un año adicional, hasta el 26 de julio de 2027, para incorporarlas a sus legislaciones nacionales.(03.04.2025)
La prórroga de un año también se aplicará al primer grupo de empresas afectadas, que incluye aquellas pertenecientes a la UE con más de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros, así como compañías de fuera de la UE que superen ese umbral dentro del mercado comunitario. Estas solo deberán cumplir con las normas a partir de 2028, misma fecha que regirá para el segundo grupo, compuesto por empresas europeas con más de 3.000 empleados y una facturación superior a 900 millones de euros, además de las extranjeras que alcancen ese nivel de ingresos en Europa.
Por otro lado, la aplicación de la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad también se aplazará dos años para el segundo y tercer grupo de empresas que estarán sujetas a la normativa. Las grandes compañías con más de 250 empleados deberán presentar por primera vez sus informes sobre impacto social y ambiental en 2028, correspondientes al ejercicio anterior, mientras que las pequeñas y medianas empresas cotizadas dispondrán de un año más y comenzarán a reportar en 2029.